En el Perú, el procedimiento administrativo disciplinario es el proceso mediante el cual se investiga y sanciona a los servidores públicos por infracciones o faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Este procedimiento está regulado por la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) y su reglamento, así como por otras normativas específicas dependiendo de la entidad pública en cuestión
Tipos de Sanciones Disciplinarias
Las sanciones que pueden imponerse en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario son las siguientes:
- Amonestación Escrita:
- Es una sanción menor que consiste en una llamada de atención formal y escrita por parte de la entidad.
- Se impone por faltas leves que no tienen un impacto significativo en el funcionamiento de la entidad o en el servicio público.
- Suspensión sin Goce de Remuneraciones:
- Consiste en la suspensión temporal del servidor público, durante la cual no recibirá su remuneración.
- La duración de la suspensión puede variar según la gravedad de la falta, pero no puede exceder de 180 días calendario.
- Se aplica por faltas graves que afectan el normal desarrollo de las funciones de la entidad.
- Destitución:
- Es la sanción más severa y consiste en la separación definitiva del servidor público de su cargo.
- Se aplica por faltas muy graves que comprometen seriamente la integridad y el funcionamiento de la entidad, o que son contrarias a los principios éticos y de conducta que se espera de un servidor público.
Normativa Relevante
- Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057): Regula el régimen disciplinario aplicable a los servidores civiles.
- Reglamento de la Ley del Servicio Civil (Decreto Supremo N° 040-2014-PCM): Detalla los procedimientos y sanciones aplicables.
- Normativa específica de cada entidad pública: Algunas entidades pueden tener reglamentos internos que complementan la Ley del Servicio Civil.
Las sanciones en el procedimiento administrativo disciplinario buscan mantener la disciplina y el correcto funcionamiento de la administración pública, asegurando que los servidores públicos actúen conforme a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia.